X. A.. 14/06/2013 Así lo evidencia el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a UPyD sobre el caso del empresario valenciano Roberto Cubría
VALENCIA. El Gobierno de España ha reconocido que han existido diversos casos en los que los empresarios españoles han encontrado "dificultades y reclamaciones" a cuenta de negocios en Guinea Ecuatorial. Así se desprende de una respuesta parlamentaria a la cuestión planteada por el diputado valenciano de UPyD, Toni Cantó, quien solicitó información sobre la odisea atravesada por el empresario también valenciano Roberto Cubría, quien pasó 59 días en el citado país sin poder regresar a España debido a la retirada de su pasaporte.
Según refleja la pregunta planteada por Toni Cantó, en el cierre de un negocio con la hija del presidente del estado guineano Teodoro Obiang, el empresario valenciano Roberto Cubría viajó a Guinea para comprobar la instalación que su empresa había vendido a una compañía ecuatoguineana, Gao Services.
Al aterrizar en el país, le fue requerido el pasaporte por parte de las autoridades guineanas para decirle que se lo devolverían antes de su partida. Sin embargo, tal devolución no se produjo, lo que impidió el retorno de Roberto Cubría en las fechas previstas de antemano, incluso habiendo señalado el ministro ecuatoguineano de Seguridad Nacional a la Embajada que no habría problemas para su salida.
Según denunció Cubría, su mujer y la empresa de éste, la retirada del pasaporte y la posterior denuncia que se le interpuso a al empresario en Guinea Ecuatorial por "estafa" habrían sido los instrumentos utilizados para que su empresa entregase una nave, material valorado en unos 50.000 euros, a Gao Services sin el pago preceptivo de la misma y conseguir de esta manera que le fuera retornado su pasaporte para poder salir del país.
SIN RESPUESTA DEL MINISTERIO
Tras este incidente, responsables de UPyD se reunieron con Roberto Cubría en Valencia para escuchar su caso, un encuentro en el que el empresario lamentó que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que no ha recibido llamada ni siquiera de cortesía, no se le hubiera dotado de cierto asesoramiento legal para emprender las acciones legales necesarias contra los responsables de la extorsión.
Después de la reunión, decidieron solicitar información al Gobierno desde el grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. Así, el diputado Toni Cantó formuló varias preguntas relacionadas con las gestiones de la Embajada de España para solucionar el conflicto, las explicaciones demandadas al Gobierno de Guinea Ecuatorial y la existencia de otros casos similares.
El Gobierno, en su respuesta, defiende que el Gobierno de España envió una comunicación oficial para presentar una queja ante tal situación, destacando la "implicación personal" de los funcionarios de la Embajada de España con la situación durante todo el periodo que el empresario estuvo en Malabo.
No obstante, en el escrito del Gobierno se admite que sí han existido "otros casos en que empresarios españoles han encontrado dificultades y reclamaciones" en Guinea, aunque "no tan graves" como el caso de Cubría. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que los afectados han contado "en todo momento con el apoyo y el asesoramiento de la Embajada de España en Malabo".
