Ponciano Mbomio Nvo, el abogado ecuatoguineano del presunto 'cerebro' de la intentona golpista de marzo de 2004 en Guinea Ecuatorial, Simon Mann, ha asegurado que el presidente Teodoro Obiang Nguema está utilizando su caso para 'mostrar a la comunidad internacional que hubo un acto criminal contra él' y, sobre todo, para conseguir su 'principal objetivo, que es encarcelar a Severo Moto'.
Asimismo, aseguró que Mann --quien se encuentra encarcelado en Malabo pendiente de juicio-- va a ser declarado culpable con toda seguridad porque 'todos los jueces de este país proceden de la familia o del partido del presidente' y porque el régimen de Malabo necesita justificar una extradición que no fue legal, ya que 'no había tratado de extradición entre Zimbabue y Guinea Ecuatorial cuando fue detenido'.
En declaraciones al diario británico 'The Daily Telegraph', el abogado --formado en España-- aseguró que su cliente se declarará no culpable de los cargos, a pesar de sus recientes declaraciones a varios medios de comunicación en los que confesó su participación en los hechos.
Pese a ello, advirtió, el tribunal le va a declarar culpable pase lo que pase durante el juicio porque 'todos los jueces de este país proceden de la familia o del partido del presidente'. 'No hay jueces ni juicios neutrales, sólo defienden los intereses del presidente y de su familia', aseveró.
El abogado aseguró que las declaraciones de Mann admitiendo su implicación no tienen valor judicial. 'Para nosotros, como abogados, lo que no suceda durante el proceso judicial no existe en términos legales, la televisión, los periódicos, Internet, no existen', añadió.
SEVERO MOTO
'El Gobierno prometió que no le mataría ni le tocaría y desde que llegó aquí ha recibido buen trato', prosiguió Mbomio Nvo. En todo caso, aseguró, 'la extradición no se ajustaba a la ley'. 'No había tratado de extradición entre Zimbabue y Guinea Ecuatorial cuando fue detenido y no puede aplicarse retrospectivamente', denunció. 'Se le declarará culpable porque deben justificar la extradición', añadió.
No obstante, indicó que no espera que la condena sea demasiado larga, ya que la verdadera intención del presidente 'es que Mann implique a mucha gente, especialmente a Severo Moto', actual presidente del autoconstituido Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio y que reside en España con estatus de asilado político, afirmó. 'El presidente quiere mostrar a la comunidad internacional que hubo un acto criminal contra él. Cuando hayan pasado uno, dos o tres años podría decretar el indulto y enviarle a su país', prosiguió.
'El principal objetivo del Gobierno es encarcelar a Severo Moto', aseguró. '¿Qué van a hacer con Mann? Él es inglés, no puede ser presidente de Guinea Ecuatorial, pero Severo Moto quiere ser presidente, él es su enemigo', afirmó.
LOS HECHOS
Mann --un antiguo miembro de las fuerzas especiales acusado de financiar empresas de seguridad implicadas en actividades mercenarias en África a lo largo de los años noventa-- fue detenido en marzo de 2004 en Harare después de aterrizar en un avión con otros 70 supuestos mercenarios y equipamiento militar a bordo. Los detenidos fueron acusados de implicación en el golpe de Estado contra Obiang.
Simon Mann obtuvo la libertad en mayo de 2007 tras cumplir la pena a que había sido condenado en Zimbabue por supuesto tráfico ilegal de armas a Guinea Ecuatorial, pero fue detenido poco después por las autoridades de inmigración y fue entregado el 30 de enero a Guinea Ecuatorial, pese a las advertencias de sus abogados de que corría el riesgo de ser torturado en este país. El Gobierno de Obiang Nguema le acusa de ser el 'cerebro' de la intentona. Actualmente se encuentra encarcelado en el penal malabeño de Black Beach, a la espera de juicio.
El diario londinense 'The Independent' informó la semana pasada de que Mann podría haber llegado a un acuerdo con los fiscales guineanos por el cual será liberado antes de tiempo si aporta evidencias suficientes contra los presuntos organizadores y financiadores de la intentona.
Según fuentes citadas por el rotativo, Mann será juzgado en Malabo el próximo mes de abril y ante el tribunal citará por sus nombres a las personas supuestamente implicadas en el golpe de Estado contra el presidente Teodoro Obiang Nguema. Un amigo del procesado ha asegurado que Mann podría ser condenado a seis años de cárcel, de los que se deducirían los cuatro que ya ha cumplido entre Zimbabue y Malabo, y que cuando haya pasado un año podría obtener la libertad.
No obstante, según 'The Independent', el cumplimiento de este acuerdo está condicionado a que Mann demuestre con evidencias sus acusaciones contra los supuestos participantes en la intentona.
En una entrevista ofrecida recientemente en exclusiva al diario británico 'Daily Mail', y que fue publicada el pasado 16 de marzo, Simon Mann aseguró que el supuesto financiador de la intentona, el empresario petrolero libanés Ely Calil, le había garantizado el apoyo total del Gobierno español al intento de derrocamiento del presidente Obiang Nguema en favor de Severo Moto.
Asimismo, explicó que Calil y Severo Moto le convencieron 'del inminente colapso del régimen' y de que 'habría un golpe de Estado por parte del Ejército en cualquier momento', tras lo cual aceptó la oferta que ambos le hicieron de trasladarse a Malabo para dirigir la futura guardia presidencial de Moto en cuanto éste asumiera la jefatura del Estado. En este sentido, precisó que esperaba que Moto y sus seguidores efectuarían desde dentro el golpe de Estado y que todo estaría hecho en el momento en que desembarcara en la capital guineana junto al resto de mercenarios.
Simon Mann aseguró también que Calil le garantizó que el Gobierno español había aprobado minuciosamente el plan, 'hasta el extremo de que habían prometido a Calil que tras el golpe de Estado se enviaría a Malabo una unidad de la Guardia Civil', y que se le había garantizado el inmediato reconocimiento del Gobierno español al Ejecutivo surgido del golpe de Estado, 'en su calidad de antigua potencia colonial y con buenas relaciones con Estados Unidos'.
No obstante, Mann admitió en la entrevista que no hay pruebas independientes que demuestren la implicación de España en este intento de golpe de Estado, que ha sido reiteradamente negada por el Ejecutivo de Madrid.