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MARISOL HERNÁNDEZ / Madrid
Cuatro grupos parlamentarios exigen que el Gobierno no mande ningún representante y critican a la Federación española por el choque en Guinea
Petición de boicot al partido con Obiang.
La polémica por el partido amistoso entre España y Guinea Ecuatorial que el sábado se juega en Malabo irrumpió ayer de lleno en la agenda política con la petición formal al Gobierno de parte de los grupos de la oposición de un boicot institucional a este encuentro. El mensaje trasladado por el régimen de Teodoro Obiang de que este acontecimiento refleja «las excelentes relaciones culturales y de amistad» entre España y Guinea Ecuatorial provocó la reacción de los grupos parlamentarios de Izquierda Plural, UPyP, PNV y ERC, que exigen al Ejecutivo que no le conceda su aval. Diputados de las cuatro formaciones pidieron ayer al Gobierno su intervención en este asunto que, en su opinión, excede lo estrictamente político.
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, consideró que España no puede permitir que el encuentro se interprete como un gesto de respaldo. Llamazares se mostró muy crítico con la Federación Española de Fútbol a quien acusó de «falta de sensibilidad» por organizar este partido. En su opinión, en declaraciones a Europa Press, la Federación ha puesto «en un compromiso» a la Selección Española con esta decisión.
Irene Lozano, portavoz de Exteriores de UPyD, solicitó abiertamente al Gobierno que no envíe representación alguna al encuentro «ni siquiera de mínima cortesía» y también recomendó que llame a capítulo a los responsables de la Federación para que no se puedan celebrar partidos con países «dictatoriales» con toda «normalidad».
Desde el PNV el diputado Emilio Olabarría añadió al régimen de Teodoro Obiang el calificativo de «genocida». «El fútbol es más que fútbol desafortunadamente y tiene un valor simbólico y de legitimación moral», defendió. Olabarría instó al Gobierno a reflexionar respecto a su posición sobre Guinea Ecuatorial que, a su juicio, «raya la esquizofrenia» porque mantiene determinados intereses económicos y comerciales aunque reconoce su déficit democrático. El parlamentario de ERC, Joan Tardá, criticó la «gran hipocresía» que supone justificar la celebración de este partido con el argumento de que «el deporte está por encima de los regímenes políticos».
Precisamente, en ese sentido se defiende la Federación española, que optó por Guinea tras fracasar las conversaciones para jugar en Gabón y Angola, las dos primeras opciones. «Esto es deporte, no es política», justificaba el pasado viernes Jorge Carretero, secretario general de la Federación. En declaraciones a este periódico insistía en que todas las negociaciones se han llevado directamente entre las entidades deportivas, sin presiones gubernamentales. Y destacaba que la selección acude gratis para ayudar a la Federación Guineana a paliar su situación financiera. Unas estrecheces que son ciertas, pero que contrastan con el ofrecimiento de uno de los hijos de Obiang, que ha prometido cinco millones de euros a la selección local en caso de victoria y 50.000 euros complementarios para cada uno de los goleadores.
Ni desde el Grupo Popular ni desde el Gobierno hubo ayer reacciones a estos duros reproches. Pero justo, mientras parte de la oposición parlamentaria reclamaba ayer un papel más activo del Ejecutivo en esta crisis, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, se encontraba de visita oficial de dos días en Guinea Ecuatorial. En su agenda tiene previsto entrevistarse tanto con representantes del régimen de Obiang como de la formación opositora Convergencia para la Democracia Social. Precisamente, la oposición ha censurado que España y la selección de fútbol se haya prestado al «sucio juego propagandístico» del régimen que dirige su país.
El Ministerio de Exteriores, en el marco de la Cooperación Española, apuesta por los «fuertes lazos históricos, culturales y lingüísticos» con Guinea Ecuatorial. En todo caso la visita del secretario de Estado no está exenta de un componente económico por el «creciente interés» de empresarios españoles en este país.
