Publicado por: espacioseuropeos.com (12/12/2012)
Fernando Maura, responsable de política exterior de Unión Progreso y Democracia, ha expresado su preocupación ante la reiterada «falta de seriedad» con que el Gobierno español parece tomarse al régimen dictatorial de Obiang Nguema que controla el país desde 1979, así como las actividades de su hijo «Teodorín», Teodoro Nguema Obiang, protagonista de frecuentes encuentros con la justicia -según la nota de UPyD-, “debido a sus presuntas actividades de blanqueo de dinero, cobro de comisiones ilegales y extorsión a empresarios, entre otros delitos, que lo han hecho merecedor de una orden de arresto internacional dictada por dos jueces de París”.
Las declaraciones de Maura se han producido al hilo de la reciente petición que Francia ha hecho al Ministerio del Interior español, para que “proteja a un empresario ecuatoguineano, testigo clave contra el hijo de Obiang, que declaró haber tenido que pagar comisiones ilegales para poder exportar madera de Guinea Ecuatorial”.
El pasado mes de julio UPyD solicitó al Gobierno de España contestación por escrito “sobre las medidas que piensa tomar en relación al régimen al régimen dictatorial de Obiang“.
Las respuestas que obtuvo UpyD del gobierno refuerzan la opinión que sus dirigentes tienen sobre la postura poco «contundente y clara» del Ejecutivo ante la situación de la ex colonia española.
En la misma petición al Gobierno se exponía otro asunto de «flagrante injusticia», según lo calificó Fernando Maura, referente a la retirada del pasaporte por el gobierno de Zapatero a Severo Moto, líder del principal partido de la oposición al régimen de Obiang Nguema, el Partido del Progreso (PP), “a pesar de tener status de asilado político y no poseer ninguna condena en su contra. La imposibilidad de ejercer el derecho a la libertad de movimiento reconocido en el artículo 13 de la DUDH— demuestra hasta qué punto los tentáculos de la dictadura de Obiang se extienden más allá de sus fronteras”, manifestaron desde UPyD.
Fernando Maura reclama al Gobierno español un comportamiento «que no deje lugar a dudas de que nuestro país impulsará las medidas que sean necesarias para acabar con la corrupción a escala internacional y para fomentar el regreso de las libertades democráticas a Guinea Ecuatorial».
