jueves, 5 de agosto de 2010

Desprestigio de la presidenta de una ONG cercana al Gobierno español, de los desterrados cubanos

Lamentablemente este es el horizonte que tenemos los “exiliados” que no contamos con la “simpatía” de los socialistas españoles.





Libertad Digital. R. Vilas

Llegaron a España desterrados directamente de las terribles cárceles de la dictadura de los Castro, con importantes secuelas físicas y psicológicas después de haber estado recluidos siete años y el Gobierno de Zapatero les niega la condición de asilados y refugiados políticos. Además quieren obligarles –dentro del apaño entre Moratinos y los Castro– a toda costa a dispersarse por España, contra su voluntad, para que Madrid no se convierta en una referencia de la disidencia anticastrista.

Ante esto la respuesta de María Jesús Arsuaga en declaraciones a El Confidencial, presidenta de la llamada Comisión Española de Ayuda al Refugiado –organización que junto a la Cruz Roja y Asociación Comisión Católica Española de Migración se encarga, con fondos públicos, de su alojamiento y manutención en un modestísimo albergue de un polígono industrial de Vallecas en Madrid– es presentarlos como unos caprichosos que "se quejan de vicio". Arsuaga llega a decir, sin sonrojarse, que este albergue destinado a inmigrantes sin recursos –sin apenas ventilación, con baños compartidos, aislado en un polígono industrial...– sería "un lujo para muchos españoles" porque "disponen de todas las condiciones básicas para vivir: comida, cama, medicamentos, habitaciones, agua". En estas "lujosas habitaciones" conviven con sus enteras y "encima se quejan" dice Arsuaga.

Esta señora que preside una organización se dedica a ayudar a los refugiados utiliza un tono amenazante para directamente mandarles callar: "Dejad de quejaros. El tiempo pasa, y no os vamos a mantener toda la vida. Así que salid a buscar trabajo si queréis seguir aquí". Una virulencia que Arsuaga no emplea para valorar la negativa del Gobierno a concederles asilo y reconocer su condición de refugiados políticos. Es más, ni siquiera se pronuncia, se limita a decir a que es el Gobierno el que debe decidir "cuál es el estatus de los que están aquí".

De los 20 disidentes que han llegado a Madrid, seis ya han sido trasladados a Málaga, Cullera (Valencia), Gijón (Asturias) y Sigüenza (Guadalara).