Londres, EFE Torturas, detenciones y reclusiones arbitrarias, además de desalojos forzosos son algunas de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Guinea Ecuatorial en 2009, según el último informe de Amnistía Internacional (AI) presentado hoy en Londres.
La organización pro derechos humanos con sede en Londres denuncia que "un presunto ataque en febrero (de 2009) contra el palacio presidencial en la capital, Malabo, dio lugar a la detención arbitraria de opositores políticos y otras personas, todas las cuales parecían ser presos de conciencia".
También señala que en las "comisarías de policía se seguía utilizando la tortura" y añade que "los presos recluidos en régimen de incomunicación, algunos en celdas de aislamiento (...) fueron torturados con impunidad".
Recuerda que Santiago Asumu, opositor del partido Unión Popular (UP), acusado de "actos terroristas", declaró ante el juez instructor que en "lo habían puesto en el suelo, tendido boca abajo y con los pies atados con fuerza con cables y le habían ofrecido dinero para que confesara".
Según AI, en otra ocasión, "los policías le introdujeron papel en la boca, lo metieron en un saco que después ataron y lo colgaron y golpearon" y "aunque dio el nombre de quienes lo habían torturado, no se realizó investigación alguna".
Añade por otra parte que en febrero de 2009, el ciudadano Epifanio Pascual Nguema, fue recluido y golpeado en la comisaria de la policía de la ciudad de Bata, región continental del país, sin orden judicial, por criticar al presidente Obiang.
Sobre el asalto al Palacio Presidencial, AI señala que el presunto ataque dio lugar a la expulsión entre febrero y mayo de 2009 de unos 500 ciudadanos extranjeros, en su mayoría nigerianos y cameruneses, así como la destitución del ministro de la Seguridad Nacional.
En marzo de 2009, el nuevo titular de Seguridad Nacional reconoció y condenó las "detenciones ilegales en la comisaría de Malabo, las deficiencias en el registro de las personas detenidas y los pagos ilegales que recibían funcionarios de inmigrantes".
El ministro "previno a los funcionarios contra tales prácticas y les advirtió que su obligación era proteger a los ciudadanos y sus bienes, no violar sus derechos".
En noviembre, el presidente Teodoro Obiang indultó a cuatro ciudadanos sudafricanos que cumplían penas de entre 17 y 34 años de cárcel por intentar derrocar el Gobierno en marzo de 2004, e igualmente fue indultado un británico declarado culpable en el mismo intento, y que cumplía una condena de 32 años de prisión.
Por otro lado, AI denuncia que en febrero de 2009 se demolió la mitad del centro urbano de Kogo, en la región continental, para construir un puerto deportivo y un paseo marítimo con lo que "más de 60 familias, en su mayoría personas de edad avanzada propietarias de sus casas, en las que vivían desde hacía decenios, se quedaron sin hogar".
El informe dice que, antes de los desalojos forzosos, ofrecieron a las familias una pequeña parcela de tierra baldía fuera de la ciudad "sin servicios ni instalaciones para construir nuevas viviendas". Tampoco se les compensó económicamente.
AI indica igualmente que, al menos 20 niños, de entre 10 y 17 años, fueron detenidos en febrero de 2009 y recluidos en la cárcel de Black Beach, donde no hay instalaciones para menores de edad, durante casi dos meses por recibir dinero de un nieto de Obiang, que al parecer lo había robado.
Fuente:
http://www.eldia.es/2010-05-26/INTERNACIONAL/24--situacion-derechos-humanos-Guinea-mejoro-ultimo-ano.htm
