EEUU denuncia homicidios, torturas, corrupción, impunidad y falta de garantías electorales en Guinea
El Departamento de Estado asegura en su informe anual sobre DDHH que "todas las ramas del Gobierno" están en poder de Obiang, su clan y su partido
WASHINGTON, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El informe de 2009 sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado estadounidense denuncia, en la parte correspondiente a Guinea Ecuatorial, que a lo largo del año pasado se registraron en el país africano homicidios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, torturas a detenidos y presos, acoso y deportaciones sin garantías procesales a extranjeros, corrupción, restricciones a las libertades y "límites a la capacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno".
Guinea Ecuatorial "es nominalmente una República constitucional multipartidista", se lee en el informe, publicado este jueves por el Departamento de Estado estadounidense y que repasa la situación en 194 países. No obstante, precisa, "todas las ramas del Gobierno están dominadas por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien gobierna desde que tomó el poder mediante un golpe militar en 1979, junto con su clan perteneciente al grupo mayoritario de la etnia Fang y su partido político, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE)".
Entre los principales problemas en materia de Derechos Humanos registrados a lo largo de 2009, el informe denuncia "los límites a la capacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno", los homicidios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, las torturas a detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad, las malas condiciones de vida carcelarias, la impunidad oficial, las detenciones arbitrarias, las detenciones en régimen de incomunicación.
Asimismo, denuncia el acoso y la deportación sin garantías procesales de los extranjeros residentes, la corrupción judicial y la falta de debido proceso, las restricciones al derecho a la intimidad, las restricciones a la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación y circulación, la corrupción gubernamental, la violencia y la discriminación contra la mujer, la discriminación contra las minorías étnicas y las restricciones a los derechos laborales.
LAS ELECCIONES
"El 29 de noviembre", señala el documento, "el presidente Obiang fue reelegido con el 95,37 por ciento de los votos emitidos" tras unas elecciones presidenciales en las que "el desequilibrio de los resultados y la escasa supervisión independiente del proceso" hicieron levantar sospechas de "fraude electoral sistemático". "Los observadores diplomáticos tomaron nota de las numerosas irregularidades y de la presencia de personal militar en todos los lugares de votación", afirma el informe. "Si bien las autoridades civiles mantuvieron, por lo general, un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron de forma independiente", añadió.
Entre las irregularidades detectadas en el proceso electoral, en el que hubo "pocos observadores electorales internacionales en los 1.289 centros de votación del país", el informe del Departamento de Estado destaca "el voto múltiple, el insuficiente respeto del secreto de votación y la falta de una lista a disposición de los candidatos registrados". Aparte, el documento lamenta la inexistencia de "un organismo independiente e imparcial para supervisar el proceso electoral o considerar las quejas relacionadas con las elecciones".
Según el informe, el PDGE gobierna "a través de un complejo dispositivo construido alrededor de la familia, el clan y las lealtades étnicas" y a lo largo de 2009 continuaron las presiones indirectas contra los funcionarios del Estado para que se afiliasen al partido del Gobierno. "Los miembros de la oposición denunciaron que habían sido objeto de discriminación en los contratos, la conservación del empleo, las becas y la obtención de licencias comerciales", agrega el informe del Departamento de Estado.
El documento destaca también que, tras el ataque armado el 17 de febrero contra el Palacio Presidencial, "que posteriormente fue atribuido a un grupo rebelde de Nigeria", el Gobierno detuvo "arbitrariamente, sin orden judicial y sin cargos", a numerosas personas, una de las cuales "murió a causa de las palizas durante los interrogatorios" y dos de las cuales "fueron torturadas". Entre los detenidos por estos hechos, asegura el Departamento de Estado, figuran ocho pescadores nigerianos y la esposa de uno de ellos, Afiong Etim, la cual "murió como consecuencia de las palizas administradas durante el interrogatorio".
El informe también denuncia varios secuestros en el extranjero por parte de las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas, entre ellos el ex coronel Cipriano Nguema Mba, capturado de Camerún en octubre de 2008 y transportado "en secreto" a la prisión de Black Beach de Malabo, o Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama y Felipe Esono Ntutumu, "todos ellos secuestrados en 2005 en países extranjeros donde tenían estatuto de refugiados" y que aún a finales de 2009 permanecían encarcelados en Black Beach.
El documento oficial estadounidense también denuncia que las fuerzas de seguridad cometieron cometieron denuncias a lo largo del año pasado y cita un informe de Amnistía Internacional, del 28 de mayo, en el que se asegura que "los presuntos delincuentes siguen siendo torturados o sometidos a malos tratos con impunidad en las comisarías de Policía".
"En septiembre de 2008, un responsable del Gobierno reconoció ante un diplomático extranjero que, a pesar de los esfuerzos por parte de un organismo de Derechos Humanos del gobierno para supervisar los centros de detención, las palizas en las cárceles de todo el país siguieron siendo una práctica común debido a la falta de formación y de voluntad política para abordar el problema", asegura el Departamento de Estado.
CORRUPCIÓN
En cuanto a la corrupción, el informe recuerda que en diciembre de 2008 varias organizaciones no gubernamentales presentaron una demanda en París contra el presidente Obiang y otros dos jefes de Estado africanos por supuesta adquisición de viviendas de lujo en Francia "con fondos públicos malversados".
Por esas mismas fechas, prosigue el informe, "una organización de Derechos Humanos española" --concretamente, la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDH)-- presentó "una denuncia formal" ante los fiscales anticorrupción españoles contra los familiares de Obiang y altos responsables políticos cercanos al presidente por el desvío ilegal de casi 30 millones de dólares procedentes de una compañía estatal de petróleo para comprar casas en España y por el supuesto lavado de esos fondos públicos entre 2000 y 2003 en bancos extranjeros. "Según informes de prensa, el fiscal anticorrupción de España había comenzado a investigar las denuncias contra estas personas a fin de año", asegura el documento.
