La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha decretado la expulsión de España por cinco años de una inmigrante de Guinea Ecuatorial por infracción de la Ley de Extranjería, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. Si esa orden llegara a ejecutarse -la afectada está actualmente en libertad-, se pondría en peligro la continuidad del tratamiento médico que sigue en un hospital de la localidad almeriense de El Ejido contra el sida que padece.
El sistema sanitario público en Guinea Ecuatorial es prácticamente inexistente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida en esta antigua colonia española no llega a los 50 años y su Gobierno, dirigido por el opulento dictado Teodoro Obiang, apenas gasta en sanidad 166 dólares por habitante.
La inmigrante, de 26 años y que carece de antecedentes penales, fue detenida por la Policía en un control rutinario el pasado 26 de septiembre. Tras incoarle el correspondiente expediente por residir ilegalmente en España, quedó en libertad.
El 10 de diciembre, el jefe de la Oficina de Extranjeros, Juan Antonio Gómer Rodríguez, dictó una resolución en la que la sanciona con cinco años de expulsión del territorio Schengen.
No tuvo en cuenta las alegaciones presentadas verbalmente por el abogado de la ecuatoguineana, Enrique Cutillas, el 28 de septiembre. El letrado, que va a presentar en breve un recurso de reposición contra la sanción administrativa, había informado al Cuerpo Nacional de Policía de que la chica tenía el VIH y estaba en tratamiento médico.
El sida, que padece junto con otras graves patologías, le fue diagnosticado en agosto del 2007. La mujer dispone desde entonces de tarjeta sanitaria de la Junta de Andalucía y reside en un municipio almeriense con una hermana que tiene residencia legal en España.
La legislación española contempla la posibilidad de autorizar la residencia temporal de un inmigrante por «razones humanitarias». No obstante, exige que la enfermedad de la que se esté tratando le haya sobrevenido aquí, lo que no parece posible probar en este caso.
De cualquier manera, una orden de expulsión vigente invalida automáticamente esa regularización excepcional.
El abogado de la afectada va a solicitar a la Subdelegación del Gobierno que revoque la orden de expulsión al considerarla «desproporcionada». En opinión de Enrique Cutillas, «no está justificada», ya que la Ley de Extranjería establece que la sanción principal por estancia irregular en España es la multa.
Además, la decisión administrativa contiene un error manifiesto al indicar que el instructor del expediente de la Policía Nacional propuso cinco años de expulsión cuando fueron en realidad tres.
Fuente: http://www.laverdad.es/alicante/20090114/provincia/expulsion-inmigrante-sida-pone-20090114.html
