martes, 6 de mayo de 2008

La esquizofrenia española: El CNI mete a Moto en la cárcel mientras paga, en el cénit de la ridiculez, un botín millonario a unos piratas somalíes



Lo de este gobierno español es de diván de psiquiatría ¿De dónde habrán sacado, los españoles, a semejantes gestores públicos?

¿Cómo es posible que el CNI sea tan diligente en la captura del “peligrosísimo” disidente guineano y le tiemblen las “canillas” ante un grupo de enloquecidos somalíes, salteadores de barcos?

Atrás quedaron los gloriosos Tercios de Flandes y los no menos aguerridos Almogávares, a los que no había pirata, con pata de palo y parche en el ojo, que se les acercara. España, por abandonar, ya no solo nos abandona a nosotros, los pobres negritos del África Tropical; España abandona a sus hijos y son capaces de huir de Irak desoyendo los mínimos principios de lealtad entre aliados y hundiendo la moral de sus soldados. España no quiere saber nada de héroes, gestas y batallas. España se avergüenza de haber cruzado el mar, de haber muerto en otras orillas y de fundirse en otras pieles y almas. España huye de su pasado y desoye a sus hijos que gritamos en la soledad de la noche terrorífica. España se diluye y con ella su grandeza.

Contaba un exiliado que cuando aterrizó en Madrid se le hinchó el pecho y gritó “Viva la Madre Patria” y casi le dan una hostia.

¿Qué coño podemos esperar de esta gente que no sabe ni quienes son?

¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido en un ambiente que habla español?

Es muy triste saber que pocos jóvenes conocen la realidad escondida de Guinea Ecuatorial. Muy pocos saben dónde está mi país y que somos el único de toda África que habla Español ¿se puede decir español o tengo que escribir “castellano”?

Menos mal que tenemos a Severo Moto dando “matarile” todo el día y si no es un Golpe de Estado, a lo “Perros de la Guerra”, es un convoy de armas de estraperlo para las milicias escondidas en el bosque, en las inmediaciones del Palacio Presidencial. El caso es que muchos no sabrían de Guinea Ecuatorial sino fuera por las “andanzas” del líder opositor.

Y ahora, querido lector, una de aventuras… Las brigadas especiales del CNI y su impagable labor contra el crimen organizado.

Menos mal que en España, siempre quedarán algunos españoles como los de “Manos Limpias”.






El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó este martes en los Juzgados de Instrucción de Madrid una denuncia dirigida contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros altos mandos militares por el pago del rescate a los piratas que tenían retenidos a los tripulantes del atunero Playa de Bakio. Les acusan de los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y dejación de funciones.



L D (Europa Press) La denuncia, que también va dirigida contra "el máximo responsable de la fragata Méndez Núñez", "el responsable del avión P-3 Orión" y los agentes del CNI que intervinieron en la operación de rescate, imputa a todos ellos los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y dejación de funciones.

Según el texto de la denuncia, el Gobierno "participó, medió, intermedió y facilitó e impuso el pago del rescate" de 1,2 millones de dólares (unos 766.000 euros) a los piratas somalíes, que secuestraron el pesquero entre el 20 y el 26 de abril. Con esta actuación, según el sindicato, el Ejecutivo ha generado "alarma social" y ha cedido al "chantaje" de unos secuestradores.

"No se trata de criminalizar una actuación política ni de poner en entredicho la seguridad de los secuestrados o rehenes, se trata de defender el Estado de Derecho y la legalidad vigente", argumenta Manos Limpias. "Si se persigue la extorsión de la banda terrorista, si se persigue a los secuestradores en general, no se comprende por qué en este caso se ha actuado vulnerando la ley", añade.

El pasado 28 de abril el juez de la Audiencia Nacional abrió diligencias previas para investigar un posible delito de piratería. Sin embargo, el sindicato considera que, al tratarse de delitos diferentes, la denuncia ha de ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid o la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la condición de aforada de la vicepresidenta del Gobierno.