El 'caso Kokorev' en Las Palmas, investigado como presunto testaferro
presidencial, explicaría los servicios parapoliciales del encarcelado Villarejo
La lucha familiar guineana por el control del petróleo precipitó la caída del
comisario
MATEO BALÍN. Diario Sur 11-02-18
En el centro penitenciario Juan Grande de
Las Palmas está encarcelado Vladimir Kokorev, un ciudadano hispano-ruso de 65
años que lleva en prisión preventiva cerca de dos años y medio a la espera de
juicio. Afectado por graves dolencias cardiacas, fue detenido en Panamá junto a
su mujer e hijo y entregados a España acusados de un delito de blanqueo de
capitales. En concreto, por ser el presunto testaferro en nuestro país del
presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, miembros de su familia y altos
cargos del régimen centroafricano.
Según los querellantes, la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE), los Kokorev podrían haber movido unos 23
millones de euros a través de una empresa 'pantalla' llamada Kalunga Company
S.A., dedicada a operaciones de transporte aéreo y marítimo.
Pese a que las autoridades de Malabo, capital
insular, justificaron en sede judicial los servicios de Kalunga, el llamado
'caso Kokorev' languidece sin visos de llegar a juicio. Ello pese a que la
instructora de Las Palmas, Ana Isabel Vega, y el fiscal anticorrupción Luis del
Río apoyaron en agosto la prórroga de la prisión de Kokorev por riesgo de fuga.
Este exprofesor de historia y traductor de español del Partido Comunista de la
Unión Soviética recibió en noviembre pasado el respaldo de varios eurodiputados
del Partido Popular Europeo, quienes remitieron sendas cartas al Consejo
General del Poder Judicial y a la Fiscalía General pidiendo explicaciones sobre
la situación judicial y personal del reo.
Su mujer Julia Maleeva, intérprete y periodista,
y su hijo Igor fueron excarcelados en septiembre pasado bajo estrictas medidas
cautelares. Ambos aguardan su salida en su piso de la capital canaria con el
agravante de que no pueden cubrir los 600.000 euros de fianza porque tienen las
cuentas bloqueadas.
En definitiva, si el delito de blanqueo de
capitales son seis años Kokorev lleva en preventiva casi la mitad sin haber
sido juzgado. De ahí que el fiscal general, Julián Sánchez Melgar, anunciara a
finales de diciembre la apertura de una investigación para conocer la denuncia
de los eurodiputados por la supuesta violación de sus derechos.
La primera querella de la APDHE se presentó en
septiembre de 2008 en la Audiencia Nacional. Como acusación popular, la
asociación presidida entonces por el abogado Manuel Ollé (hoy defensor, entre
otros, del exdirigente del PP Ricardo Costa), se dirigía contra once familiares
directos o indirectos de Teodoro Obiang, presidente de la excolonia española
desde 1979.
Entre los querellados por presunto blanqueo en
España estaban el entonces ministro de Minas y Energía Marcelino Owono Edu y su
número dos Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente y desde 2012 sucesor
del primero. Un cargo que supone controlar el petróleo y el gas de este país de
solo 1,2 millones de habitantes y tercer productor del continente tras Angola y
Nigeria (unos 250.000 barriles de crudo al día).
Cándido contra Gabriel
El grueso de la querella de la APDHE era un
informe de 2004 del Senado estadounidense sobre blanqueo y corrupción
extranjera de la entidad nacional Banco Riggs. Las pesquisas corrieron a cargo
de la Fundación Open Society, creada por el especulador y benefactor George
Soros con el objetivo de defender causas liberales globales para sus intereses.
La querella fue vista por el juez Baltasar Garzón en octubre de 2008 y en
febrero siguiente se inhibió a un juzgado de Las Palmas porque los hechos se
habrían cometido allí.
En 2012 las pesquisas ya cercaban al entorno
directo de Teodoro Obiang. El presidente vivía entonces una guerra familiar por
el control político del petróleo tras el nombramiento del querellado Gabriel
Mbega Obiang Lima, hijo de Celestina Lima, una de sus cuatro mujeres, como
ministro del ramo. Esta circunstancia enfrentó a este clan con el de Constancia
Nsue Okomo, primera esposa del mandatario y cuyo hermano pequeño, Cándido Nsue,
era entonces director general de Gepetrol, empresa nacional de petróleo.
Cándido fue cesado en 2015 tras perder la batalla con Gabriel, aunque su
influencia siguió a través de dos sobrinos: Jonás Nsue y Crispín Edu Tomo.
En este conflicto entró en escena en 2012 el
controvertido comisario jubilado José Manuel Villarejo, exagente encubierto y
señalado en los casos Pujol, 'Pequeño Nicolás', 'Doctora Pinto' o 'Astapa'
(corrupción en el ayuntamiento de Estepona, donde Villarejo tiene multitud de
propiedades). Experto en servicios de gestión de crisis, Villarejo se encuentra
en prisión preventiva desde el 5 de noviembre tras ser detenido en la
'operación Tándem' junto al comisario Carlos Salamanca y Rafael Redondo, abogado
y socio del primero.
Los investigadores recibieron en abril pasado una
denuncia anónima que afirmaba que en 2012 Cándido Nsue encargó a Villarejo un
informe sobre Gabriel. Se trataba de buscar trapos sucios y difundirlos a
través de la red de medios cómplices para desacreditarle y anularle en las
luchas familiares. Fue el comisario Salamanca, entonces responsable del
Aeropuerto de Barajas, quien hizo de enlace y Villarejo firmó el contrato a
través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, por 5,3 millones.
Unos anexos detallaban las fases de actuación de
los seguimientos, interceptación de comunicaciones y obtención de información
bancaria y personal de Gabriel Obiang, el ministro del petróleo denunciado por
la APDHE en el 'caso Kokorev', donde curiosamente no fue acusado el cliente de
Villarejo, Cándido Nsue.