Publicado en LA ESTRELLA DE PANAMA 11-5-2016
A cuentagotas, el sistema de
sociedades offshore panameño ha estado en la palestra mediática desde mucho
antes del estallido del escándalo colosal de la firma Mossack-Fonseca. Desde
Panamá, políticos, deportistas, potentados, los grandes capitales de todo el
mundo y algún conocido delincuente gestionaron empresas de papel que movieron
millones de dólares al margen de las leyes de sus países, y con el respaldo del
secreto bancario ¿local?
El llamado caso Gürtel, de
corrupción política en España, es uno de estos ejemplos: el juez madrileño José
de la Mata detectó que ‘gran parte' de los 458 millones de euros transferidos
desde una red de sociedades españolas vinculadas al gobernante Partido Popular
terminó en cuentas de sociedades registradas en Panamá.
La justicia española encontró las
transacciones a Panamá tras tirar del hilo de la cuenta de una empresa
uruguaya, a la que Zorak Associated, la principal firma del escándalo,
transfirió 200 millones de euros.
Las autoridades helvéticas
establecieron e informaron a sus pares españoles el año pasado que
Mossack-Fonseca creó dos empresas offshore en Panamá con cuentas para que
Francisco Correa, la cabecilla y el principal imputado del caso, cobrara $14
millones en Suiza. En una sociedad más, figura el alcalde de la localidad
madrileña de Bohadilla del Monte, donde se licitaron contratos públicos
investigados en la trama Gürtel.
Todavía en España, un caso más
enredado se desarrolla en el sistema panameño: la compra de una propiedad por
$1.5 millones que hizo Ignacio González, expresidente de la Comunidad de
Madrid. Mossack-Fonseca figura como la firma residente de la sociedad Waldorf
Overseas Investments, inscrita en Panamá, y que poseía las acciones de otra
empresa de papel, Coast Investor, domiciliada en Delaware, Estados Unidos. Esta
última aparece como titular del apartamento madrileño bajo investigación.
La justicia española sostiene que
los ingresos del expresidente de Madrid nunca le habrían permitido adquirir el
inmueble que, en últimas instancias, pertenece a la panameña Waldorf. Esta
firma tenía como suscriptores otras dos compañías que, curiosamente, hacían el
mismo papel en las sociedades que sirvieron para que el cabecilla del caso
Gürtel cobrase en Suiza.
El abogado Ramón Fonseca Mora
asegura que la sociedad, ‘muy reputada', la adquirió un intermediario,
costarricense, que luego la revendió en España.
En el Registro Público, la sociedad
—inscrita en agosto del año 2000, es decir, doce años antes de que González asumiera
el poder— aparece sin agente residente. ‘Renuncia', insiste el portal.
Mossack-Fonseca también asesoró a
Iñaki Urdangarin, marido de la infanta española Cristina de Borbón y Grecia en
la creación de una sociedad en Belice, por la que pasaron 420 mil euros del
Instituto Nóos, con el que celebró contratos fraudulentos con entidades
públicas españolas. La empresa, Skylines Associated Co., tenía otro importante
toque panameño: su testaferro era el ciudadano Gustavo Newton Herrera, según la
Policía Judicial española.
Newton Herrera, de 54 años, era
propietario de papel de Skylines, y esta, a su vez, de otras dos, Blossomhill y
De Goes Center for Stakeholder Management, las cuales, sostiene la justicia
española, Urdangarin utilizó para transferir las ganancias de Nóos al
extranjero y evadir el fisco.
Por su trabajo, estableció las
pesquisas de la Causa Babel, como ha sido llamado el expediente en España,
Newton recibía 150 euros mensuales.
Desde Panamá, también la familia
rusa Kokorev (esposos y dos hijos detenidos en Panamá y extraditados en 2015 a
España) creó y gestionó la sociedad Kalunga Co., identificada como parte de una
red de empresas mediante las cuales se blanqueó dinero del presidente de Guinea
Ecuatorial Teodoro Obiang.
La firma, estableció la oficina
antiblanqueo del Banco de España, seguía órdenes de la Tesorería de Guinea
Ecuatorial, de transferir a Francia y España entre 2000 y 2003 unos $26
millones, utilizados en parte para adquirir inmuebles.
El dinero, que terminó en el banco
español Santander, salió de 16 giros desde Estados Unidos, donde el Gobierno de
Guinea Ecuatorial tiene cuentas para recibir los pagos por el petróleo que el
país vende. El matrimonio Kokorev aseguraba en 2010 que la sociedad Kalunga
estaba vinculada al negocio naviero (pagó $5 millones por el barco Mikue, y lo
abanderó en Panamá) y no al inmobiliario, como estableció la justicia española.
Mikue, establecieron las
investigaciones periodísticas en Guinea Ecuatorial, estaba representado por una
sociedad lituana -experta en administrar barcos de firmas ucranianas- que
gestionó el negocio también desde una sede en la Avenida Cuba, en Panamá.
En el historial de cuentas ligadas
a Panamá también aparece, tangencialmente, el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, cuyos sobrinos políticos crearon entre septiembre de 2014 y noviembre
de 2015 unas 16 sociedades anónimas en el istmo.
Carlos Malpica Flores, sobrino del
mandatario y directivo de la estatal PDVSA, fue identificado en Venezuela como
el responsable de las sociedades, abiertas con un capital de $10 mil.
Investigaciones periodísticas establecieron cómo el pariente de Maduro y sus
hermanos viajaron a Panamá en períodos que coincidieron con la constitución de
las compañías de papel, que, según el Registro Público, se dedica rían al
negocio de transporte marítimo.
Sin embargo, sostuvieron denuncian
en medios opositores a Maduro, las empresas estarían haciendo negocios en un
espectro amplísimo: en el ramo inmobiliario, la contratación de servicios de
personal e inmuebles, transporte aéreo y marítimo, exportación, reexportación,
importación, investigación de propiedades, avalúos, hipotecas, demolición de
estructuras. Este año, justamente, el Gobierno sancionó una ley que regula
sobre todo el mercado inmobiliario, por las sospechas de que al estar sin
control, era utilizado para el blanqueo de capitales.
El año pasado, medios uruguayos
también dejaron al descubierto que el exdirigente de la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Eugenio Figueredo constituyó en 1996 en
Panamá (en tiempos en los que comandaba el fútbol sudamericano) la sociedad
Brikford Overseas, también con Mossack-Fonseca. Figueredo se declaró culpable
en 2015 de ser parte de una red de lavado de dinero producto de sobornos (hasta
$50 mil mensuales)? solicitados para otorgar derechos de televisación de
torneos.
