En su último desplazamiento a Guinea Ecuatorial, Miguel Ángel Moratinos tranquilizó a Teodoro Obiang a propósito de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo contra su entorno familiar por un presunto delito de lavado de dinero. Sin embargo, los conocedores del proceso insisten en que estamos ante un juicio rápido y que va a terminar en condena.
Las investigaciones judiciales formalizadas en Canarias contra el entorno del dictador Teodoro Obiang avanzan con mucha mayor rapidez de la prevista. La Fiscalía Anticorrupción y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), como partes de la acusación, formalizaron una querella en la primavera pasada por presunto blanqueo de 19 millones de euros contra Teodoro Obiang y su entorno personal y gubernamental.
La querella tiene una envergadura política indudable, al dirigirse contra buena parte del ‘establishment’ guineano. Entre otros, el presidente Obiang, y Marcelino Owono, ministro de Minas; Teodoro Biyogo Nsu, cuñado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EEUU y Naciones Unidas; Pastor Michá Ondo, ministro de Asuntos Exteriores (e íntimo amigo de Moratinos); Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energía; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas. Como Jefe de Estado, Teodoro Obiang está sujeto a inmunidad pero no así alguno de los citados.
La APDH, a través de Manuel Ollé, conocido como “el David de la abogacía” por haberse enfrentado en los tribunales a, entre otros, Augusto Pinochet y el argentino Ricardo Cavallo, ha recibido presiones del Gobierno ecuatoguineano tras saberse del empleo, por parte de APDH, de detectives privados en la investigación de las presuntas irregularidades bancarias de Kalunga Company, compañía en la que los ecuatoguineanos investigados por la jueza Ana Isabel de Vega tienen parte.
Ahora, la decisión de la jueza, de que ninguno de los ecuatoguineanos investigados actúe como parte en el proceso, ha merecido el siguiente veredicto por parte de los conocedores de la investigación: “A Obiang lo van a empurar”. Y señalan que el juicio puede quedar visto para sentencia en menos de seis meses. Asimismo, los expertos consultados por El Confidencial Digital subrayan la muy difícil posición en que queda el Ministerio de Exteriores español, toda vez que Moratinos ha tranquilizado, incluso en persona, a Obiang, en repetidas ocasiones, acerca del resultado del proceso judicial.
Precisamente esa actuación de Moratinos fue la que propició que el abogado del gobierno de Guinea en España, Jorge Trías Sagnier, mandara en su día una respuesta institucional de bajo perfil nada más comenzar las investigaciones contra el entorno del dictador Obiang.
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