13 agosto 2019
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) ha expresado una vez más la creciente preocupación por la supuesta continuación de la "corrupción generalizada" en Guinea Ecuatorial, recomendando esfuerzos intensificados para combatir fenómenos como el lavado de dinero.
Según Reuters, ese comité tomó nota de la adopción de medidas anticorrupción, incluida la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el tema, el establecimiento del Tribunal de Cuentas y el Comité Nacional para la Coordinación de Políticas Antilavado de Dinero. y la financiación del terrorismo por parte de Guinea Ecuatorial, pero expresó su preocupación de que "la corrupción en el estado sigue siendo generalizada, particularmente entre los altos funcionarios del gobierno" y que "las medidas preventivas son insuficientes".
Los funcionarios del Comité de la ONU destacaron en este nuevo informe que Guinea Ecuatorial no proporcionó información concreta sobre posibles juicios y condenas por actos de corrupción.
La posición del Comité se refleja en las observaciones finales de la primera revisión complementaria del progreso realizado en Guinea Ecuatorial en la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que el país accedió en septiembre de 1987, pero que nunca presentó a las Naciones Unidas. Según lo dispuesto en el Protocolo, cualquier informe de información.
El examen complementario de Guinea Ecuatorial, que se lleva a cabo por primera vez 32 años después de la adhesión al pacto, en ausencia de un informe preparado por el propio país, se basó en un conjunto de respuestas a las preguntas enviadas por la ONU y aclaraciones posteriores en Ginebra, por una delegación de este país.
“El Comité tomó nota de la información proporcionada por la delegación de Guinea Ecuatorial de que una fracción de los beneficios de las industrias extractivas se invierte en áreas sociales, pero le preocupan las acusaciones de falta de participación de la sociedad civil y transparencia en la gestión de recursos. recursos naturales ”, dice la evaluación.
Los expertos de las Naciones Unidas también expresaron dudas sobre la definición de terrorismo en la legislación nacional, considerando que podría aplicarse "debido a su naturaleza imprecisa y ambigua" a un grupo particular de personas, incluida la sociedad civil y los miembros de los partidos políticos, así como Actividades pacíficas realizadas en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación o reunión.
El Comité también expresó su preocupación por las "severas restricciones" a la libertad de expresión, el ejercicio del control de los medios por parte de los partidos políticos cercanos al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema, el acoso y el hostigamiento de periodistas, la confiscación y el bloqueo de publicaciones y redes sociales de opositores.
En el mismo sentido, la ONU señala límites a la libertad de reunión pacífica y de manifestación, asociación y participación en asuntos políticos. "A pesar de la información proporcionada por el país, el Comité sigue preocupado por las acusaciones de acoso, intimidación, acoso y detención de candidatos políticos de la oposición", dijo la ONU, señalando las acusaciones del gobierno de "limitar el pluralismo político".
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) ha reforzado la advertencia de denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, como la tortura de opositores, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales. En abril pasado, el Jefe de Estado anunció su intención de presentar al Parlamento una ley que ponga fin a la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, donde nueve hombres condenados por asesinato fueron ejecutados en enero de 2014, 13 días antes del establecimiento de una moratoria provisional. sobre la pena de muerte.
Según AI, desde que Teodoro Obiang Nguema asumió el poder ha habido una "preocupante disminución" de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, debido a la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y el hostigamiento de activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. Las violaciones que "han sido bien documentadas por Amnistía Internacional a lo largo de los años", subraya la organización en un comunicado de prensa.
