El Gobierno de Teodoro Obiang
burla una reclamación de 107 millones de un empresario camerunés
Esteban Urreiztieta Madrid 06/03/2017 08:39
La República de Guinea ha
dejado de volar con sus aviones a España para burlar el embargo millonario
que ha sido acordado a instancias de un banquero camerunés. El Gobierno que
preside Teodoro Obiang Nguema habría informado al Juzgado de Primera Instancia
número 101 de Madrid que «por cautela» ha tomado la decisión de no utilizar las
dos aeronaves que empleaba para cubrir la ruta Madrid-Malabo.
De esta forma se intenta
justificar después de que una comisión judicial haya intentado en varias
ocasiones bloquear sus aeronaves en el aeropuerto Adolfo Suárez para cubrir
una sentencia arbitral condenatoria que, a la fecha, asciende a unos 107
millones de euros.
La decisión de Guinea de
esquivar la acción de la Justicia española tiene lugar después de que se
ordenara por parte del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid que
se embargaran los Boeing 777 y 737 utilizados por la aerolínea Ceiba
Intercontinental para viajar a España en cuanto pisaran territorio español.
El Ejecutivo de Obiang ha
avanzado ya al juzgado que no volverá a utilizar los aviones en la ruta
española si antes no se le garantiza por escrito que no van a ser
intervenidos, admitiendo así que va a seguir incumpliendo la orden de embargo
internacional.
«Interesamos al juzgado que
aclare el mandamiento de embargo especificando expresamente que no impide que
estas dos aeronaves concretas puedan seguir prestando el servicio de pasajeros
al que se destinan», señalan sus abogados, representados por el bufete Cremades
Calvo-Sotelo.
«Esto es, que no quedarán en
depósito en el aeropuerto», añade su escrito. Asimismo, el gobierno
africano, lejos de acatar la orden judicial internacional, se ha quejado de los
«gravísimos perjuicios» que está sufriendo por una actuación judicial que
considera «negligente».
Por orden de un banquero
La orden internacional de
embargo ha sido dictada a instancias del banquero camerunés Yves-Michel
Fotso, defendido por Gómez-Acebo & Pombo, que ya había conseguido que
se acordara por parte de la Justicia española, como medida cautelar, el embargo
de unos de los dos aviones de la compañía africana , que, por el momento,
persigue sin éxito.
Los letrados que llevan la
ejecución, Javier Izquierdo y Julio Pernas, afirman que tanto en esta ocasión,
como en la anterior, se ha evitado todo perjuicio a los pasajeros de la
compañía aérea, solicitando que el embargo no impida volar a las aeronaves.
El empresario Fotso intentó
establecerse en Guinea para montar una filial del Commercial Bank of Cameroun.
Después de llevar a cabo una importante inversión, el Gobierno guineano impidió
que se instalara allí tal y como en un principio le había autorizado.
El tribunal arbitral africano de
la OHADA, ubicado en Librebille (Gabón) dio la razón a Fotso en 2009 y condenó
al gobierno de Obiang al pago de unos 80 millones de euros, que quedarían
saldados con una de las dos referidas aeronaves. Por lo que, una vez ganado
el laudo, se está llevando a cabo una búsqueda de bienes propiedad de Guinea
Ecuatorial que puedan ser embargados.
La Guardia Civil intentó el
pasado 7 de febrero embargar uno de los aviones de la compañía Ceiba en Madrid pero dejó constancia en un
informe que «tras reconocer todas las pistas, tanto de aterrizaje como de
despegue» se comprobó que «ninguna de las referidas aeronaves ha aterrizado,
habiendo realizado los vuelos con aeronaves fletadas o alquiladas a la compañía
española Iberia».
Inmunidad de jurisdicción
Antes de personarse la Guardia
Civil en el aeropuerto madrileño para embargar las aeronaves, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, no coincidiendo con el informe del Ministerio
de Asuntos Exteriores español que consideraba que Guinea Ecuatorial podía
ampararse en su «inmunidad de jurisdicción», terminó estimando que el
supuesto ante el que nos encontramos «no encaja en ninguna de las excepciones»
establecidas «en el Derecho comparado y en la propia Convención de las
Naciones Unidas de 2004».
Por eso reconoció el laudo
arbitral imponiendo además las costas al gobierno africano, que continúa
jugando al ratón y al gato con las autoridades españolas para evitar que sus
aviones sean bloqueados.
