Guinea Ecuatorial, bajo el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, enfrenta una compleja situación de violencia que involucra tanto a bandas juveniles como a acciones gubernamentales que, bajo la apariencia de combatir la delincuencia, han sido señaladas por organizaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.
En los últimos meses, se ha observado un incremento en las actividades de bandas juveniles, destacando el grupo conocido como “8 Machetes”. Estos grupos han perpetrado agresiones violentas contra la población, incluyendo robos y ataques en centros educativos como el Colegio La Salle, donde se reportaron incidentes que requirieron la intervención policial. La presencia de estos grupos genera temor entre los ciudadanos y afecta la vida cotidiana, especialmente en áreas urbanas.
En respuesta a la creciente delincuencia, el gobierno implementó en 2022 la “Operación Limpieza”, dirigida por el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue. Esta iniciativa buscaba “limpiar” las calles de delincuentes y bandas juveniles. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que la operación resultó en detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos, afectando principalmente a jóvenes que no tenían nada que ver con estas bandas.
Existen sospechas de que el gobierno podría estar utilizando la amenaza de las bandas juveniles como pretexto para justificar la presencia militar en las calles y reprimir a disidentes políticos. Se ha señalado que, mientras algunos jóvenes inocentes son encarcelados bajo la acusación de pertenecer a estas bandas, otros miembros conocidos permanecen en libertad, lo que sugiere una posible connivencia entre las autoridades y ciertos grupos delictivos.
La combinación de violencia de bandas juveniles y acciones represivas del gobierno ha generado un clima de inseguridad y desconfianza en la población. Estudiantes y ciudadanos comunes se ven atrapados entre la amenaza de agresiones y la posibilidad de ser detenidos arbitrariamente. Este ambiente dificulta el desarrollo social y económico del país, perpetuando ciclos de violencia y represión.
La situación en Guinea Ecuatorial refleja una compleja interacción entre delincuencia juvenil y estrategias gubernamentales que, bajo la apariencia de mantener el orden, han sido criticadas por su enfoque represivo. Es esencial que se implementen políticas que aborden las causas profundas de la delincuencia, respetando los derechos humanos y promoviendo la justicia social, para construir una sociedad más segura y equitativa. Para ello la dictadura debe abandonar el poder y dejar paso, como reclama el Partido del Progreso, a una transición a la democracia.
La herencia del presidente Obiang plantea preocupaciones sobre el futuro del país. Según una declaración atribuida a Obiang Nguema: “Cuando me vaya, va a quedar un país donde no va a crecer ni la hierba”, lo que sugiere una visión pesimista sobre el legado que dejará a las futuras generaciones. Esta perspectiva resalta la necesidad urgente de reformas que aseguren un futuro más prometedor para Guinea Ecuatorial.