Nieves Rosa González Sánchez
Responsable del Observatorio de DDHH del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial es una dictadura constitucional. Los poderes del Estado están en manos de un solo hombre, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien controla a través de su partido PDGE y su criminal organigrama, todas las instituciones públicas, incluyendo funcionarios que ostentan cargos en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El entramado corrupto, velado por una Constitución modificada en 1995, ha permitido que las elecciones sistemáticamente fraudulentas conglomeren a diferentes partidos que han querido concurrir a elecciones, a sabiendas de que el fraude electoral siempre se anuncia a modo de resultados anticipados que siempre dan más del 90% de la victoria al PDGE.
Cuando un Estado comete fraude constitucional, comete un delito denunciable ante el organismo superior de justicia de la organización de países en la que esté incluida esa nación. Por consiguiente, Guinea Ecuatorial debería ser denunciada ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) de la UA, organización de países africanos que, en teoría, vela por el panafricanismo y el respeto de las normas comunitarias del continente.
¿Cómo acudir al tribunal superior de justicia de la UA, si Guinea Ecuatorial ha exportado la idea del multipartidismo, de las elecciones democráticas, y exhibe en medios de comunicación internacionales solo aquellas ciudades modernas de nueva creación, inhabitadas, o las zonas turísticas, principalmente de Malabo, conectadas a su moderno aeropuerto?
No vamos a ver publicaciones oficiales de los barcos de mercancías roídos que transportan a las personas entre los puertos de Bioko y Bata. Tampoco veremos las chabolas con techos de uralita, ni las colas de guineanos proveyéndose de agua potable en las fuentes del país, al carecer de agua corriente en sus casas, ni sabremos de los cortes de energía eléctrica, que obligan a los estudiantes a leer con velas, incomunicados, sin internet posible, y sin poder cargar sus móviles para conectar, cuando alguna wifi lo permite, con el mundo exterior.
La solución se ha retrasado casi cinco décadas. Guinea Ecuatorial, social y económicamente arrasada, como prometiera el dictador que la dejaría antes de su marcha del poder; al menos, en eso, ha cumplido su palabra, porque son ya tres generaciones de guineanos los que no saben qué es vivir dignamente, en libertad y con derechos. El sufrimiento ha transmitido genéticamente el resultado del miedo y del odio, pero aún estamos a tiempo de actuar y retornar para renovar y engrandecer a la nación, creando un Estado de Derecho donde, por fin, se cumpla con los derechos y deberes que dicte nuestra, hoy moribunda, Constitución Guineana.
