Diario Utamboni, 20 junio,2021
Negocios en la sombra». Capítulo 48 de Guinea Ecuatorial: la ocasión perdida. Juan María Calvo.
15 septiembre 2017 Historia
Capítulo 48. NEGOCIOS EN LA SOMBRA.
Aunque tardó cierto tiempo en salir a la luz pública, ningún español familiarizado con las cuestiones guineanas desconocía que se producían gran cantidad de negocios sucios e irregularidades al amparo de la cooperación y de la Embajada de España en Malabo. Los empresarios españoles establecidos en Guinea subsistían gracias al soborno. Hay una palabra guineana para nombrar todas estas prácticas ilegales y el mercado negro de moneda o de productos:»guru-guru».
Los empresarios aseguraban que no podían evitar caer en el «guru-guru». Como muestra, decían que sin sobornar a los aduaneros del puerto no es que tardaran más las mercancías en ser libradas, sino que era imposible retirarlas. Aquella era la única forma de agilizar los trámites y lo malo es que todas las oficinas públicas funcionaban así.
Pero lo más grave es que también se daban casos de corrupción en la Embajada de España o en los organismos de la cooperación, por ejemplo en el cambio de dinero de pesetas a bikuele, en los envíos de carga y en los transportes de pasajeros.
Como ya quedó explicado, una fórmula utilizada por muchas empresas españolas, públicas o privadas era nombrar vicepresidente a un guineano, o inclusa ceder una presidencia más o menos honorable a un nativo influyente. Esto, que facilitaba enormemente los trámites, se asumía como un impuesto más. En ocasiones, simplemente con mencionar su nombre bastaba para que se tramitase algún documento o se abriese una puerta. Había que pagarle un sueldo, pero no tenia que ser demasiado elevado y era preferible a ver como se atascaban los asuntos en los despachos de la anquilosada Administración guineana. Por ejemplo, Hispanoil contrató a Florencio Mayé, vicepresidente de los primeros gobiernos de Obiang, Adaro a Policarpo Mansui, y Oficar a Fructuoso Mba Oñana.
Cuando más importancia adquirió la corrupción oficial fue posiblemente en la época en la que estuvo de embajador en Guinea García Abad, debido a que este diplomático apenas si llegó a poner los pies en Malabo durante el año escaso que duró en el cargo, y a que el recién nombrado coordinador general, el aduanero Enrique Bernaldo, jamás se planteó poner orden en la Cooperación, un negocio que a él le fue estupendamente hasta que fuera destituido en 1987 tras la redacción de un informe oficial en el que se mencionaban numerosas irregularidades. Junto a él cayeron Gabriel Abad, eterno oficial mayor de la Cooperación, con sede en Malabo, dueño y señor de la Embajada donde colocó a dos hijos suyos, y José Oliva, que pasó por diversos puestos desde asesor de Presidencia hasta oficial mayor de la Cooperación en Bata.
García Abad llegó a Malabo en pleno fragor del caso Mico. Incluso tuvo que tomar posesión del cargo antes de desmontar su casa de Lieja, donde era cónsul. Por tanto, tras pasar unos días en Malabo regresó a Bélgica para organizar el traslado de sus bienes. Norberto Ferrer y el resto de los diplomáticos allí destinados aprovecharon aquella primera estancia en Malabo para contarle cómo estaba la situación. Parecía que deseaba poner orden, y una de sus bazas era la amistad can el director de la OCGE, Peidró, pues ambos eran de la misma promoción. Los diplomáticos le dieron una serie de nombres de funcionarios españoles que al menos, si no se les podía castigar, era necesario sacar de Guinea, cosa que por otra parte no era difícil desde el punto de vista técnico, pues la mayoría estaban allí en comisión de servicio.
Los diplomáticos españoles pensaban que, una vez desactivada la bomba Micó, era buen momento para poner orden en casa, que por otra parte parecía ser la consigna del nuevo Gobierno socialista. García Abad aseguró que él llegaba allí para reformar lo que estaba mal y cambiar a las personas que fuera necesario.
Una ves realizada aquella toma de contacto con la realidad guineana, García Abad regresó a Lieja y pasó unos días en Madrid, donde conversó con las autoridades de Exteriores y con los funcionarios encargadas de los asuntos relacionados con Guinea. No se sabe qué le contaron, pero cuando volvió a Malabo parecía otro hombre. Daba largas a todo, procuraba hablar lo menos posible con los jefes de Área y, si podía, evitaba incluso firmar las facturas de la Cooperación, como si no quisiera arriesgarse a entrar en un campo minado. Fernández Tréllez había sido claramente complaciente y sabía quedar bien ante cualquier problema. García Abad ni siquiera quiso enterarse de las cosas y apenas si llegó a tomar alguna decisión. Terminó tristemente su misión en Guinea y fue destinado a un puesto de segunda categoría, cónsul general da España en la ciudad argentina de Rosario, un cargo muy distinto a las embajadas que lograron su predecesor y su sucesor.
Especialmente desde que Peidró fue destituido, en septiembre de 1983, Barcia Abad solicitó en varias ocasiones que le sacaran de Guinea, e incluso llagó a presentar la dimisión por motivos de salud que le hicieron permanecer bastante tiempo en Madrid, pero no se la admitieron.
García Abad supo que los miembros de la Policía Nacional destacados en Guinea habían creado una red de importación a España de coches usados. Quizá no fuera un asunto ilegal, pero por lo menos era algo irregular. Los policías aprovechaban las bajas de residencia de quienes se les acababa su destino en Guinea, para conseguir licencias de importación e ingresar vehículos en España sin pagar impuestos, al haber sido residentes en el extranjero. Como la plantilla estaba formada por unas 40 personas, casi todos los meses había nuevas incorporaciones y bajas, pues la mayoría no pasaban más de un año en Guinea. Tenían un taller de reparación de vehículos en el que trabajaban tres mecánicos españoles de la policía y varios ayudantes guineanos. Allí siempre había buenos coches, de marcas de prestigio, normalmente traídos desde Camerún. Luego los mandaban a España en los barcos de la naviera García Miñaur o inclusa algunas fueron transportados en los aviones Hércules o en los cargueros fletados a Iberia por la OCGE para llevar ayuda a Guinea.
También resultaba chocante que en el fichero de residentes en Guinea aparecieran personas que no habían pasado nunca más de una semana seguida en el país africano, especialmente algunos funcionarios de la OCGE que trabajaban en Madrid. Uno de estos era Francisco Bayal, un profesor de autoescuela que cuando se quedó en paro logró que su mujer, secretaria del director de África Subsahariana, lo colocara en la OCGE como chofer-mecánico. Allí logró escalar posiciones con rapidez, al ser un momento de expansión de las tareas de la Oficina, especialmente en los últimos meses de Martínez Pujalte, y fue nombrado responsable de transportes. En pocos meses se convirtió en una persona muy influyente en la OCGE, con un pase para circular libremente por Barajas pues era el encargado de canalizar los envíos que salían cada semana para Malabo y los de los vuelos especiales, hasta que fue trasladado al departamento de Protocolo del Ministerio.
Uno de los cónsules españoles que pasaron por la Embajada procedió a anular la inscripción de Bayal en el registro de residentes en Guinea, por la sencilla razón de que vivía en Madrid. Este funcionario se había comprado un Mercedes como si fuera residente en el extranjero, y circulaba por España con una matrícula turística, Bayal movilizó a sus amigos y empezaron a llover cartas sobre el Consulado para que se rectificara la decisión da anular su inscripción. Finalmente, Bayal se hizo con una certificación del director de la OCGE, Peidró, precisando que él residía en Malabo, para que al menos pudiera legalizar su coche. Al parecer, aquella certificación era falsa.
Los cooperantes y diplomáticos destinados en Guinea, cuando se cerró el supermercado de la CAT, recibían paquetes de productos que encargaban a El Corte Inglés, subvencionando la OCGE el flete en los aviones semanales de Iberia. Bayal, el responsable de los envíos, tenía a algunas personas en una especie de lista negra y no dejaba que recibieran nada. Sin embargo, permitía que españoles que no tenían derecho a recibir estos paquetes utilizaran el mismo servicio.
Cada año, según un contrato firmado entre Iberia y la OCGE, se «charteaban» un cierto número de plazas en los aviones regulares que quedaban a disposición de la Cooperación. De esta forma, la OCGE disponía de unos billetes baratos para el viaje de vacaciones al que tenían derecho los cooperantes, o para determinadas misiones oficiales. Iberia vendía esas plazas a 20.000 pesetas por pasaje, pero los funcionarios de la cooperación en Guinea lo cobraban a 30.000 la mitad de lo que costaba un pasaje normal. Estas plazas no sólo se llegaron a vender a los cooperantes cuando realizaban un viaje privado a España, sino que la Oficina de la Cooperación, tanto en Malabo como en Madrid, los facilitaban a determinados españoles, o también a algunos guineanos con recomendaciones especiales. En ocasiones, incluso vendían billetes a guineanos que no tenían visado, cosa que estos utilizaban como elemento de presión para que les fuera concedido.
Otro asunto extraño, aunque también difícil de probar por la falta de documentos, era todo lo relacionado con los cambios de moneda. La existencia de un mercado negro de moneda -que llegó a ser de uno a seis en relación con el oficial- duró desde 1981 hasta los últimos meses de 1984, cuando todo enloqueció durante unos días al ingresar Guinea en la UDEAC y cambiar de unidad monetaria. Desde 1985, debido a la falta de circulante, la Embajada siguió cambiando pesetas y francos CFA, especialmente cuando quedó paralizado el Guinextebank, aunque ya la diferencia entre el cambio oficial y el paralelo se redujo muchísimo.
Cuando fueron destituidos Enrique Bernaldo, Gabriel Abad, y José Oliva, en el verano de 1987, se reconoció que había dos tipos de contabilidad y que funcionaban unas «cuentas B» en la Embajada. Algunos españoles comentaban que se veían obligados a cambiar grandes sumas de dinero en la Embajada, especialmente desde que dejó de operar el Guinextebank, dejando sustanciosos beneficios a los «cambistas». Esos cambios se realizaban sin que quedaran reflejados en ningún documento oficial.
También se producían irregularidades en los envíos de carga cuando se fletaba un avión especial o con los vuelos de los Hércules militares o del DC-8 de la Fuerza Aérea. Al menos en dos ocasiones fue levantada acta notarial para certificar que llegaban a Malabo, junto a los productos de la Cooperación o las medicinas de ayuda a Guinea, bienes para empresas privadas de españoles establecidos en el país africano. Algunas veces estas cargas «particulares» en aviones oficiales ocupaban la mitad de la bodega. Los conocimientos de embarque decían que el carguero estaba fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y los firmaba Francisco Bayal. La persona encargada de recibirlos eran el mismo Gabriel Abad o su segundo, Francisco Gil Arranz, fallecido después en un accidente ferroviario en Estados Unidos.
Fue especialmente grave la llegada de un avión en 1983, con objetos para crear la escuela de policía de Ekuku -por cierto, incluidas varias cajas de whisky entre el material pedagógico-, pues la mitad de la carga era para empresas privadas, sobre todo para la que dirigía Francisco Castrillón, de construcciones. Parecía que la Cooperación funcionaba como una agencia de viajes y de transportes, sin licencia y con precios de 90 pesetas por kilo, mientras a un particular le costaba enviar la carga unas 300 pesetas el kilo. De todo esto quedaron actas notariales, aunque no se tomaron medidas hasta 1987.
Toda esta situación se fue creando mientras Martínez Pujalte dirigía la OCGE. Si él no estaba implicado, debería tener alguna responsabilidad por haberlo consentida, o por no haberse enterado de lo que ocurría en su departamento. Bernaldo sí conocía aquellas irregularidades y las denuncias que se producían en Malabo, pero nunca hizo nada para remediarlo, sino que más bien procuró ocultar esos hechos. Bernaldo llegó a comentar en público que tenia «dossiers» de todos aquellos asuntos e insinuaba que a él no le podría ocurrir nada sin que cayeran otros muchos implicados en fraudes millonarios. Peidró y su sucesor Bermudez de Castro, estuvieran poco tiempo al frente de la OCGE, especialmente el último, pero tampoco hicieron nada por sanear el departamento, castigar a algunos culpables o al menos iniciar la tramitación de algún expediente disciplinario.
Incluso llegaron comentarios de toda esta situación hasta el jefe del Gabinete de Luis Yánez, secretario de Estado para la Cooperación internacional y presidente del ICI, donde opinaban que lo mejor era, ir cambiando poco a poco a los funcionarios corruptos, sin que se produjeran escándalos ni traumatismos.
De todas formas, estos asuntos no eran los más graves, pues las cantidades de dinero que se podían obtener con los cambios, los fletes de carga o la venta de pasajes de avión no eran demasiada elevadas. Donde realmente había miles de millones de pesetas en juego era en la concesión de líneas de crédito para bienes de consumo o para bienes de equipo. Ayudados por la falta de control en Guinea, y lo fácil que resultaba corromper a los funcionarios guineanos, se fletaban cargamentos imaginarios en barcos que no existían, llegaban partidas estropeadas que había que tirar, se dedicaban sumas para grandes obras que jamás se realizaban -como la del hospital de Bata- o se multiplicaban los presupuestos iniciales durante el curso de las obras. Los escándalos se hicieron tan frecuentes que en 1982 se suprimieron casi todos los créditos relacionados con Guinea. Bastantes personas se hicieron millonarias gracias a estos asuntos y hay quien asegura que la propia UCD encontró en Guinea una buena fuente de financiación. No hay que olvidar que Martínez Pujalte era un hombre de la máxima confianza de Pérez-Llorca y Alberto Retarte o José Luis Graullera, de Adolfo Suárez.
Mediante una de aquellas operaciones, para que sirva de ejemplo, arribaron a Malabo desde Canarias unos barcos de pesca, en condiciones lamentables. Un armador de Las Palmas, llamado Grimaldi, que estaba a punto da presentar suspensión de pagos, consiguió vender cuatro barcos a una compañía mixta que constituyeron Carlos Ebana, constructor e importador y el Estado guineano. Guinea de Pesca compró los barcos a la empresa Grimaldi S.A., de Las Palmas, aprovechándose de unos créditos FAD que jamás se restituyeron, a pesar de tener unas condiciones muy favorables con unos intereses muy bajos. Grimaldi recibió el importe de los créditos en concepto de pago por la venta de sus barcos, por un precio muy superior a su valor real.
Entonces se creó una empresa pesquera que empezó a actuar de forma desorganizada, con unos barcos que se encontraban en muy mal estado., Llegaban marineros desde España, pero no les pagaban sus sueldos y la Embajada tenía que hacerse cargo de aquellos hombres, darlas comida y alojarlos en la escuela de los hijos de los cooperantes, en una «caracola», hasta que los repatriaban. Grimaldi, que era el que entendía de pesca, desapareció de Guinea al poco tiempo, y Ebana, que no sabia nada de aquellos asuntos, dirigía una empresa que cada vez iba peor.
Lo grave es que este proyecto contó con el visto bueno de Martínez Pujalte y la OCGE, organismo que además impulsó la idea, con el consentimiento de FOCOEX, empresa del Banco Exterior de España que garantizó la operación financiada con un crédito de varios cientos de millones de pesetas. El caso se complicó más de lo normal, al haber pagado el Banco de Guinea en dos ocasiones la misma cantidad, por errores administrativos, a Grimaldi, quien no dijo nada. El armador canario tuvo que devolver aquella suma, pues le retuvieron en Malabo hasta que pagó. El gran perjudicado de aquella operación fue el Estado español, pues aquellos barcos se pagaron mucho más caros de lo que valían y los créditos no se devolvieran al deshacerse la sociedad y declararse en quiebra sus miembros. Los barcos se encuentran semihundidos en el puerto de Luba.
Las autoridades guineanas, aunque también tenían cierta responsabilidad en estos turbios negocios, pues si se hacían era porque había un respaldo oficial del Gobierno, reclamaban luego a España y eran cosas que enrarecían las relaciones entre los dos países.
Como ya hemos dicho, Fernández Tréllez se tapaba los ojos para no ver nada y García Abad, en las cortas temporadas que pasaba en Guinea -del año escaso en que estuvo destinado allí no vivió más de seis meses en Malabo- procuró que no le salpicara la suciedad. Sin embargo, habían un diplomático trabajando en la OCGE, Raimundo Esquerra, que se atrevió a denunciar aquellas irregularidades en una larga carta enviada al subsecretario de Exteriores, Ortega. La respuesta que recibió fue que le iban a enviar forzoso a Teherán. Se salvó en el último momento, cuando le reclamaron del Ministerio de Cultura para que actuara como asesor del ministro, Javier Solana.
La revista Interviú publicó un estudio sobre la corrupción en Guinea, en julio de 1983. En este trabajo se mencionaban los nombres de los integrantes del llamado «lobby» español en Guinea, formado por empresarios que procedían de la época de Macías, y «la nueva mafia», los que llegaron tras el «golpe de libertad». Entre los primeros citaba a Juan Cabrera (alcohol y construcciones), Joaquín Mallo y la familia Mora (cacao y café), Escuder y Galiana (construcciones), Viuda de Besora (aduanas y control de los puertos), Marín y Alcaide (construcciones), y Carlos Ebana (construcciones e importaciones de alcohol y otros productos). También incluía en este grupo a Bruno Beretta, dedicado a la construcción y a la madera.. Entre las «nuevas» anotaban a Paco Roig (alimentación y madera), García Miñaur (monopolio de los fletes marítimos), Grimaldi (pesca) y Arturo Esteller y Ferrys (comercio).
Según Interviú, los miembros del «lobby» que se consideraban guineanos de piel blanca, se beneficiaron de buena parte del dinero enviado por España como ayuda a Guinea, al estar situados en todas las ramas de la actividad económica, y de negocios fraudulentos como podía ser la venta en Camerún y Gabán de medicamentos llegados desde España. «El lobby no sólo actúa en materia económica: aconseja, veta, boicotea los proyectos que se elaboran en Madrid y que no son de su agrado o que suponen un peligro para su existencia y sus monopolios», decía el semanario.
No toda la Cooperación estaba corrompida. Había muchos cooperantes que se tomaban en serio su trabajo. Es necesario destacar, por ejemplo, la labor de muchos profesores, especialmente los religiosos de la FERE, que se dedicaban por entero a la enseñanza repartidos por toda la geografía guineana. También realizaban tareas esforzadísimas los médicos de la Cooperación, quienes tenían que trabajar casi sin medios ni medicinas por una mala organización y falta de infraestructura. España no fue capaz de ordenar la sanidad de Guinea, aunque se lograron avances notables en la lucha contra algunas enfermedades, como la tripanosomiasis, pero fundamentalmente se debió a la abnegación y entrega de los médicos y ATS. También hay que resaltar el trabajo realizado por los cooperantes de agricultura. Carlos Rubiera, uno de los responsables» exigía siempre certificaciones de las obras que entregaban, aunque no era necesario, para que quedara constancia de que ellos cumplían.